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La complejidad del denominado «caso Formentera», la supuesta trama urdida por dirigentes del PP para captar votos de emigrantes de Balears radicados en Argentina y Uruguay en las elecciones autonómicas de 1999, y el empate entre los cuatros magistrados del TSJB, obligó a su presidente a crear una «Sala de la discordia» integrada por siete magistrados para decidir, entre otras cuestiones, si se incriminaba o no en la causa al presidente y a la vicepresidenta del Govern. Un solo votó evitó la declaración de ambos en calidad de imputados, lo que pone en evidencia que, tras siete años de instrucción y de tránsito por todas las instancias judiciales, esta causa sigue concitando diferencias de criterio notables entre los magistrados. Y probablemente, parte de esas desavenencias provengan del propio supuesto delito electoral de que se acusa a los imputados. Alterar un censo de votantes en la causa que nos ocupa implicaría dar por válida la teoría del «complot internacional» en la que estarían involucrados funcionarios de tres países. Y parece excesivo. En cambio, sí han quedado comprobadas irregularidades administrativas de todo tipo en la inscripción de inmigrantes de Balears en el censo, pero, siendo un tema grave, no es suficiente para incriminar a altos cargos de un Govern. El Supremo se pronunció con contundencia sobre esta cuestión, criterio en el que se basó, finalmente, la Sala para rechazar la imputación de Matas y Estaràs y apoyar la decisión del juez instructor de devolver la causa a Eivissa. En el auto de la Sala ha quedado de manifiesto que desde la decisión del Supremo no se ha hallado ningún dato relevante que aconseje citar como imputados a Matas y Estaràs. No se pueden ignorar los argumentos aducidos por los magistrados discrepantes, en un razonadísimo auto, pero sin embargo llegan en un momento procesal tardío. El TSJB no puede revisar una decisión del Supremo. En el «caso Formentera» se han sucedido irregularidades, actuaciones de dudosa ética y extrañas casualidades, especialmente la inscripción de inmigrantes en el censo electoral de Formentera, pero no se han hallado suficientes indicios que impliquen a aforados. El caso sigue, pero en Eivissa.