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La reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana ha sido el primero de los textos estatutarios en llegar al Congreso de los Diputados para su aprobación, tal y como es preceptivo, tras el acuerdo alcanzado en aquella comunidad entre PP y PSOE. Desde el punto de vista político, la Comunidad Valenciana se ha convertido en un referente para el resto de autonomías que también aspiran a alcanzar acuerdos de sus respectivos estatutos. De hecho, en Balears todos los partidos han mirado de reojo el acuerdo alcanzado en la Comunidad Valenciana y han valorado de forma muy positiva el consenso, pero todos los partidos, sin excepción, han planteado la necesidad de que nuestro Estatut sea mucho más ambicioso que el valenciano. Ese es el gran reto del Govern y de los grupos parlamentarios. A priori, es difícil que Balears pueda alcanzar el nivel competencial que tiene ahora mismo Valencia, una de las comunidades que prácticamente está en el mismo escalón que las autonomías consideradas históricas, pero el acuerdo alcanzado entre PP y PSOE modifica muchos aspectos institucionales y ha sido poco ambicioso desde el punto de vista competencial. Por eso, posiblemente, ha sido tan fácil el acuerdo político.

Pero Balears debe aspirar a mucho más. Entre otras cosas, el gran reto es que la reforma del Estatut incluya ventajas en materia de financiación y para conseguir este objetivo el Govern se ha fijado mucho más en la modificación estatutaria que se debate en Catalunya. Desde el punto de vista institucional, Balears debe solventar de una vez por todas el papel de los consells, aclarar las competencias de los ayuntamientos y, sobre todo, permitir que las Islas puedan tener una policía propia. Por eso, el acuerdo valenciano es positivo, pero Balears debe seguir otro camino muy diferente.