Todos sabemos que el turismo es la gran maquinaria que sostiene
el bienestar de nuestra Comunitat Autònoma y que si ese engranaje
falla, podemos empezar a temblar. De ahí que haya que tomarse con
cierta precaución las amenazas de las centrales sindicales
mayoritarias, UGT y Comisiones Obreras, de organizar un verano de
terror si la patronal no asume sus exigencias de cara a la mejora
del convenio colectivo que rige las relaciones entre empresarios y
trabajadores de hostelería.
La negocación de este texto afecta nada menos que a ochenta mil
empleados de las Islas, entre fijos y eventuales, lo que puede
tener una gran repercusión si los sindicatos optan, finalmente, por
recurrir a medidas de presión para empujar a la patronal a un
cambio de actitud.
Como siempre en casos de conflicto laboral, hay que convenir que
la huelga y la manifestación son instrumentos que asisten al
trabajador para hacer valer sus derechos y reividicaciones, pero
también hay que tener en cuenta el efecto que estas medidas pueden
tener no sólo en la ciudadanía, sino en el conjunto de la marcha de
una comunidad como la nuestra.
Si la actividad turística ha estado atravesando un período
ciertamente delicado desde que se produjeron los atentados del 11
de septiembre y cuando muchos ponen en duda el futuro de un modelo
turístico como el nuestro, lo último que necesita el sector es
conflictividad y trastornos para el visitante.
Se impone, una vez más, el sentido común y por ello la reunión
de hoy debe ser determinante para que ambas partes intenten ceder
en sus posturas para albergar la posibilidad de encontrar un punto
intermedio sobre el que negociar. Hay mucho en juego.
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