El Parlament balear fue escenario ayer de un sonoro rifirrafe
entre representantes de los dos grandes partidos a raíz de los dos
accidentes laborales mortales registrados en el lapso de una semana
en las obras de construcción de sendas carreteras promovidas por
iniciativa pública.
El cruce de acusaciones carece de sentido, si bien es un asunto
de máxima importancia que debe afrontarse con serenidad y buen
juicio, porque lo que nos estamos jugando es lo más sagrado: vidas
humanas.
Los datos no pueden ser más preocupantes, cinco trabajadores han
muerto en Balears en lo que llevamos de año. Y ellos son la punta
de un iceberg que contabiliza casi cinco mil accidentes laborales
sólo en el primer trimestre de 2005.
Desde la Conselleria d'Obres Públiques aseguran que el
departamento que dirige Mabel Cabrer es escrupuloso en el
cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales lo
que, obviamente, no resulta suficiente.
Aunque el cambio del sistema de elaboración de las estadísticas
no nos permita establecer comparaciones con otros períodos, como
señalaba ayer el conseller de Treball del Govern, Cristóbal Huguet,
los muertos están ahí y son una trágica realidad que obliga, por
encima de todo, a adoptar cuantas medidas sean necesarias para
evitar más siniestros. Utilizar políticamente el asunto no es de
recibo, pero sí es necesario, y mucho, plantear el tema en el
Parlament, que es, a la postre, el foro donde deben reflejarse las
preocupaciones de los ciudadanos y donde deben establecerse los
mecanismos que busquen solución a sus problemas.
Que cinco trabajadores hayan perdido la vida y otros cinco mil
hayan resultado heridos en el cumplimiento de sus funciones
laborales es tema de máxima preocupación y nuestros políticos
deberían prestarle toda su atención.
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