El pasado sábado, los países ricos de la UE y contribuyentes netos al presupuesto comunitario decidieron rechazar las propuestas de la presidencia luxemburguesa de prorrogar a partir de 2007 las elevadas ayudas europeas que recibe España. Los representantes de Alemania, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Austria y Suecia expresaron ante el consejo informal de ministros de Economía y finanzas su tajante oposición a que nuestro país se beneficie de prórroga alguna en la concesión de los fondos de cohesión. Los argumentos de nuestro ministro Solbes aduciendo que el caso español es especial puesto que nuestro país tiene una «situación diferenciada» en el seno de Europa de nada sirvieron ante la inflexible postura de quienes insisten en que las ayudas comunitarias a las regiones pobres deberán concentrarse, a partir de 2007, en los nuevos Estados miembros de la UE, y que cualquier mecanismo transitorio para las regiones de los antiguos Estados miembros, como España, debe ser limitado en alcance y tiempo. En suma, la consideración de «caso especial» para España en la negociación del futuro marco presupuestario para el período 2007-2013 quedó por el momento en nada. Una situación que puede llevar a algunos a pensar que lo de pertenecer al club de los ricos tiene sus inconvenientes y que las cosas iban mejor cuando eramos menos ricos. Algo que es parcialmente cierto -otra cosa es el imperativo moral de solidaridad que impulsa a canalizar el grueso de las ayudas a los países recién ingresados y consecuentemente más necesitados-, si bien cabe argumentar aquí lo del manido agravio comparativo. Y en este sentido hay que pensar en un país rico como Gran Bretaña, que sigue manteniendo el conocido como «cheque británico», que le permite recuperar desde 1984 gran parte de su contribución a las arcas comunitarias. Obviamente, los británicos no pueden ser considerados pobres, como tampoco los españoles, y todo depende -y dependerá- de la habilidad a la hora de negociar. Es el turno de nuestros políticos y diplomáticos.