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La polémica sobre el derribo del colegio de Sa Graduada se ha acrecentado estos días tras la firme respuesta del conseller Fiol en el Parlament a una pregunta de su compañero de partido y diputado, Joan Marí Tur, en la que defendía que el edificio forma parte de la historia arquitectónica, social y sentimental de Eivissa, y que ya se habían recogido 4.000 firmas contrarias a esta demolición. La postura del conseller Fiol no pudo ser más clara: «La obligación del Govern es cooperar con las instituciones y no interferir en el planeamiento urbanístico». Cabe recordar que la demolición de este centro es una pieza clave dentro del proyecto Eivissa Centre, que entre otras iniciativas, contempla la construcción de un nuevo edifico de los Juzgados, además del traslado del colegio de Sa Graduada a otro solar cercano.

El martes, en el Parlament, el conseller de Educación anunció que en los próximos días Ayuntamiento y Govern firmarían el borrador del convenio por el que se derribaría el colegio y se cederán dos terrenos para la construcción de nuevos centros. Este anuncio choca frontalmente con la postura del PP de la ciudad de Eivissa, que en el último pleno votó en contra de este convenio. Además, desde la Conselleria de Patrimonio se han pedido tres estudios para valorar si el colegio es declarado BIC. El IEE se mostró ayer a favor de esta protección y ahora falta saber la opinión de la UIB y del Colegio de Arquitectos. ¿Qué pasará si estos dos organismos también se pronuncian a favor del BIC? ¿Protegerá el Consell este edificio en contra de los intereses de su propio partido en el Govern? La patata caliente, que hasta ahora estaba en manos del Pacte por su impopular medida (también le ha faltado mano izquierda en este asunto), pasa ahora al PP, que con su ambigüedad sobre el derribo se ha metido en un callejón del que no parece tener una salida clara.