Mucho se está hablando en las últimas semanas sobre la descentralización de la gestión aeroportuaria que quiere implantar el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, ahora en manos del Ministerio de Fomento a través de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), y de las pretensiones de la Generalitat de Catalunya de privatizar sus aeropuertos. Entre la actual gestión en red que realiza eficazmente AENA y la opción de Cataluña, media un abismo, más aún cuando la privatización pone en peligro la viabilidad de las actuales infraestructuras aeroportuarias. La opción ideal, por la que aboga el Govern, sector turístico y las propias aerolíneas es la cogestión aeroporturia, que es la que impera en la actualidad en los puertos españoles, entre ellos los de las Islas. La gestión de las infraestructuras aeroportuarias tiene que ser pública, con una participación mixta entre AENA y las autonomías, en colaboración con el sector privado. Esta figura garantiza la viabilidad, no rompe la actual estructura en red aeroportuaria y posibilita que las autonomías pueden introducir los cambios oportunos para mejorar el tráfico en temporada alta y baja, que es la gran demanda de las comunidades autónomas turísticas, porque se podría variar el sistema impositivo que aplica AENA en las tasas aeroportuarias. El Gobierno, en concreto la ministra de Fomento, Magdalena Alvárez, está recibiendo presiones de todos los lados, de ahí que cualquier precipitación en una decisión histórica puede echar al traste con el prestigio que cuenta ahora la red aeroportuaria española. Menos mal que sólo se pide la gestión de los aeropuertos, terminales y pistas, porque la gestión del tráfico aéreo quedará siempre en manos del Gobierno por una cuestión de seguridad de Estado.