Pongamos que Fernando Huarte sea, de verdad, un agente del
Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y que Rabia Gaya sea el
número dos de Huarte, como ha sido revelado en la prensa, y que
haya más agentes infiltrados en el seno de los grupos de
terroristas islámicos, como se detalla en la información
periodística que se ha podido «atar», según algunos medios de
comunicación, gracias a la aportación de la necesaria «garganta
profunda» encarnada por el ministro Bono. Entonces queda en el aire
el dilema de si se ha vulnerado, o no, la Ley de Secretos
Oficiales, o si ha existido «delación», por haber revelado el
nombre y haber publicado la imagen de los susodichos.
El PP, a través de Eduardo Zaplana, reclama la comparecencia de
Huarte y también la del preso Abdelkrim Mensmail, vinculado al
grupo terrorista GIA, ante la comisión del 11-M, para que se revele
el contenido de la conversación durante la visita carcelaria del
primero al segundo, a pesar de que en el año 2002 el Gobierno del
PP lo conocía, o debía conocerlo, puesto que se desechó la
grabación efectuada, habitual con todos los presos por terrorismo,
«por irrelevante para la investigación judicial o para la seguridad
del Estado».
Y mientras eso se aclara, la seguridad de dos hombres y la de
sus familias ha quedado claramente en precario. Si Huarte es,
simplemente, el presidente de una ONG llamada Asociación Nacional
de Amigos del Pueblo Palestino Al-Fatah se le habrá hecho un daño
irreparable, porque siempre estará, lo mismo que Gaya, y también
sus familias, en el punto de mira del terrorista que se cree
delatado. Y por último, dadas las circunstancias y las dudas que
pueden haber surgido en la opinión pública con todo este asunto,
sería bueno aclarar todo cuanto sea necesario. Ahora bien, no se
puede pretender en absoluto que se publique la lista, paradero y
función de todos los agentes del CNI.
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