Balears cerrará este año sus cuentas con un déficit en sus
ingresos superior a los 1.700 millones de euros, una cifra poco
menos que astronómica, equivalente al total gastado en la Comunitat
a lo largo de todo el año pasado. No es un dato que invite a la
desazón, sino a la reflexión. Así lo han hecho los nacionalistas de
Unió Mallorquina, que proponen salir de esta situación a través de
la instauración de un régimen económico similar al del País Vasco y
Navarra que quede consagrado en el nuevo Estatut d'Autonomia.
La idea de establecer un concierto económico con el Estado es
apetecida por todas las comunidades autónomas que gozan de una
abultada recaudación de impuestos y de una economía saneada y
próspera, porque son precisamente las que aportan al conjunto de la
nación la riqueza que posteriormente se reparte entre las regiones
menos favorecidas. La red de solidaridad interterritorial que
establece nuestra Constitución garantiza así la igualdad de
oportunidades entre zonas muy desiguales. De ahí que el Estado sea
reacio a abrir la puerta a un segundo proceso de definición
autonómica que podría conducir a unos desequilibrios difíciles de
corregir.
Sin embargo, es lógico que las regiones más ricas aspiren a
controlar el dinero que sale de sus arcas, especialmente cuando
padecen déficits en áreas tan importantes como la sanidad y la
educación, transferidas en su día con una dotación económica
insuficiente ante los cambios sociales y poblacionales que se han
producido en los últimos años, máxime cuando se anuncia que decenas
de miles de nuevos inmigrantes pueden llegar a las Islas con el
proceso de regularización ahora emprendido.
Es un asunto delicado y de enorme trascendencia que debe ser
debatido con serenidad, entre todos los partidos políticos, para
tratar de alcanzar una solución -sea el concierto económico o
cualquier otra- que pueda satisfacer las necesidades de bienestar
de los habitantes de Balears sin dejar de aportar al resto de la
nación la solidaridad que siempre hemos demostrado.
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