De confirmarse que el Gobierno central no tiene previsto
invertir en las carreteras y en los ferrocarriles de Balears ni un
euro de los 242.000 millones de euros que sí invertirá en el resto
de comunidades autónomas -excepto Canarias-, nos encontraremos ante
una de las mayores tropelías cometidas por un Gobierno central en
contra de una comunidad autónoma. Curiosamente ambos ejecutivos
están dirigidos por presidentes de distinto color político, aunque
ello no tendría por qué suponer traba alguna.
La indignada reacción del Govern no sólo no es sorprendente,
sino que está más que justificada. Balears presenta un déficit
histórico de inversiones y es de justicia que el Gobierno central
colabore para resolverlo, de la misma manera al mismo nivel que
colabora para solucionarlo en el resto de comunidades autónomas. El
Gobierno debe rectificar e incluir a las Islas en la previsión de
inversiones en infraestructuras para los próximos años. No basta
que la ministra de Fomento, Magdalena Àlvarez, asegure que la
negociación con Balears se hará a través de un convenio porque los
ciudadanos y las instituciones de las Islas están demasiado
acostumbradas a que las buenas promesas terminen arrinconadas en
los cajones ministeriales.
Y a la hora de conseguir que el Gobierno rectifique es
fundamental el papel de los socialistas de las Islas. Francesc
Antich debería ser consciente de que un bloqueo absoluto a las
peticiones del Govern puede tener un indeseado efecto boomerang.
Por eso, y por la responsabilidad que asumió al convertirse en
representante de las Islas en el Congreso, debe hacer todo lo que
esté en su mano para que semejante discriminación cometida contra
los ciudadanos de Balears sea subsanada de inmediato.
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