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Por primera vez en la historia de nuestro país, un ex presidente del Gobierno ha comparecido ante una comisión de investigación parlamentaria para dar su versión y su visión sobre uno de los acontecimientos más trágicos vividos en los últimos años: los atentados del 11 de marzo pasado. José María Aznar era en aquellos momentos presidente de la nación y, por tanto, tenía que dar cuenta de su actuación como responsable político en una situación en la que fallaron demasiadas cosas. Lo cierto es que, tal y como ya aconteció en aquellos días, la sociedad española sigue dividida y su opinión sobre aquellos acontecimientos es una u otra en función de sus simpatías políticas. Para los conservadores, aquellos hechos fueron los que provocaron el relevo atípico y forzado en el Gobierno, mientras que para las gentes de izquierdas Aznar ocultó entonces información y está ahora resentido porque su partido perdió los comicios del 14 de marzo.

Ayer, Aznar, alejado ya de los cargos políticos y suave en las formas durante casi todo el tiempo que duró su comparecencia, se mantuvo firme en sus convicciones y respondió sin complejos a todas las cuestiones que le fueron planteando los diferentes portavoces parlamentarios. En cuanto a la valoración de su comparecencia, como es lógico, es muy diversa. Algunos sostienen que fue valiente y puso las cosas en su sitio, otros sostienen que no aportó nada nuevo y que sigue empecinado en no querer reconocer la derrota electoral y en las conexiones entre el terrorismo islamista y el etarra. En cualquier caso, José María Aznar no se amedrentó y atacó a sus adversarios políticos siempre que la situación de su comparecencia así se lo permitió. Del mismo modo que los portavoces parlamentarios tampoco restaron ataques al ex presidente y a su gestión en aquellos trágicos días. Es innegable que aquellos dramáticos sucesos marcaron un antes y un después en la historia del país y es sumamente importante que, ante los representantes del pueblo, den explicaciones quienes tuvieron entonces responsabilidades de gobierno y quienes las tienen ahora. Lo contrario sería ir en contra de los principios mismos de la democracia.