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La imparable subida de los precios del petróleo empieza a repercutir en todas las áreas de nuestra vida cotidiana. Algo que no por esperado resulta más fácil de digerir. Especialmente para los ciudadanos de unas islas que debemos añadir a la subida de costes generalizados un incremento notable en las tarifas del transporte aéreo -varias compañías han anunciado ya su ajuste de precios- y marítimo. Es una situación conocida a la que todavía nuestros dirigentes no han sabido poner freno. Nuestra vida diaria está sujeta a estos vaivenes en idéntica medida -si no más- que la del resto de españoles o europeos, pero es que además nos vemos obligados a pagar más y más cada año en billetes de barco o avión, única forma de salir o entrar en el Archipiélago, mientras el descuento por residencia se mantiene inalterable a pesar de las promesas.

Si bien la actual crisis del petróleo poco tiene que ver con otras que hemos sufrido antes, ni siquiera los analistas internacionales se ponen de acuerdo en las dimensiones ni en la duración de la misma. Son diversas y muy independientes las causas que han provocado esta espiral y nadie sabe a ciencia cierta hasta cuándo se mantendrán sus efectos.

Así las cosas, habría que tomarse muy en serio las advertencias de los expertos, que auguran altos precios del crudo para largo. Y ahí es donde está el papel de nuestros políticos, que deben formar una piña -dejando de lado ideologías y partidos- para defender a capa y espada en Madrid y en Bruselas los intereses de los habitantes de las Islas.

Sólo así tendremos alguna esperanza de ver algún día una legislación que favorezca nuestros intereses y a la vez los de nuestra primera industria, el turismo, que también puede verse negativamente afectada si el petróleo no abandona la escalada alcista de sus precios.