21/09/04 0:00
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El Consejo de Ministros aprobó definitivamente el plan encaminado a la reducción de emisiones de dióxido de carbono, uno de los seis gases que se admiten como responsables del calentamiento terrestre. Dicho de otra manera, parece que de una vez por todas el Gobierno español se muestra dispuesto a cumplir con el protocolo de Kioto. Algo que, por cierto, no supondrá un gran quebranto al sector industrial de nuestro país, pese a las reticencias que en casi todo momento ha mostrado a la hora de estar a la altura de los compromisos adquiridos.

Dicho sector se verá obligado a partir del año que viene a gastar unos 85 millones de euros para cumplir con los objetivos incluidos en el plan del Gobierno. Lo elevado de la cantidad puede impresionar, pero tal impresión desaparece con facilidad si tenemos en cuenta que tan sólo supone el 0,01% de los beneficios del citado sector.

Nuestra industria es responsable del 40% del dióxido de carbono que se expulsa a la atmósfera, lo que llevará a eléctricas, refinerías de petróleo, papeleras, cementeras, etc., a verse obligadas a disminuir sus emisiones en casi un 2,5%. Para ello tendrán dos opciones: o bien invertir en tecnología y utilizar materias que contaminen menos, o continuar como hasta ahora y compensar el exceso de contaminación comprando derechos de emisión, siendo esta última la solución preferida por la mayoría. Una solución discutible porque no solventa lo fundamental, que es la agresión a la atmósfera, y, por añadidura, porque es susceptible de recaer en el usuario, que probalemente verá crecer las facturas que se le presentan. Si se opta por pagar para seguir ensuciando, por así decirlo, en el fondo todos saldremos perdiendo.