Una Unión Europea más amplia que alcanza ahora los 25 Estados y
que contará con dos más en un futuro próximo requiere obviamente
una Constitución que proteja los derechos de los ciudadanos, defina
con claridad las competencias de esos Estados y de la propia Unión,
impulse la integración europea y facilite el normal funcionamiento
de las instituciones a fin de evitar su bloqueo. Y este último es
precisamente uno de los puntos capitales de la reforma propuesta
sobre la que está previsto llegar a un acuerdo antes del próximo 18
de junio.
No deben ser posibles situaciones pasadas en las que una minoría
podía fácilmente bloquear decisiones que a todos convenían. El
fracaso de la cumbre europea de diciembre pasado, debido
esencialmente a la intransigente actitud del Gobierno español y del
polaco, y también a la pésima gestión de la negociación por parte
de la presidencia italiana, muestra a la inversa el camino a
seguir. Un camino abierto en gran medida por la nueva postura del
Gobierno español tras las elecciones de marzo, lo que ha permitido
que la postura de Polonia estuviera condenada al aislamiento.
Todo proyecto político moderno debe contar con un sustento
constitucional lo más avanzado posible, que prime el principio
democrático básico: el poder de los más sobre los menos. Y de eso
se trata si de una vez por todas se aspira a lograr una Europa
política, no sólo comercial y económica.
Ya tenemos el gran supermercado, ahora es necesario sentar las
bases que permitan el gran gobierno europeo convertido en el
instrumento ejecutivo de las opiniones y propuestas procedentes de
las instituciones supranacionales.
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