Uno de los proyectos estrella del Gobierno de José María Aznar,
la Ley de Calidad de la Enseñanza (LOCE), está viviendo sus últimos
estertores. El Consejo de Ministros ha certificado la defunción de
sus aspectos más polémicos, aunque mantiene en vigor otros
elementos.
Era el final previsible para una norma defendida únicamente por
un Ejecutivo que gozaba de mayoría absoluta y que no dudó en
enfrentarse a sindicatos, padres, alumnos y profesores, además de
al resto de partidos políticos y varias comunidades autónomas con
tal de sacarla adelante.
Hoy la actuación del nuevo Gobierno ha consistido más que nada
en una intervención de urgencia para evitar males mayores, aunque
no hay una alternativa clara. Si nos atenemos a lo que prometía el
PSOE en su programa electoral, los aspectos más llamativos eran el
refuerzo del inglés y la informatización de las aulas.
Pero educar es mucho más que poner ordenadores en clase y, desde
luego, infinitamente más que conseguir que los españoles aprendamos
inglés de una vez. Si miramos atrás comprenderemos que el nivel
general de conocimientos ha ido disminuyendo peligrosamente hasta
encontrarnos en la actualidad con adolescentes que apenas
comprenden lo que leen.
De ahí que haya que exigir un verdadero ejercicio de
responsabilidad y de negociación con todos los sectores implicados
para alcanzar un consenso que permita hacer realidad un objetivo
hoy incierto: que los jóvenes de nuestro país acaben sabiendo más
que sus padres, en todos los sentidos. La clave, naturalmente, está
en un plan educativo bien estudiado, sin prisas, que no se vea
modificado o derogado cuando se produzca un cambio de Gobierno. En
asuntos de este calado es imprescindible alcanzar un pacto de
Estado.
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