La noticia de que una familia de ses Figueretes vivía en unas condiciones tan antihigiénicas que ha sido necesario retirarle el cuidado de un menor, que, además, presentaba evidentes síntomas de malnutrición, ha conmocionado a los ibicencos y formenterenses. Noticias de este calibre, más habituales de lo que deberían ser, no son fáciles de digerir por una sociedad que se mueve en unos niveles de calidad de vida y nivel económico por encima de la media nacional y que tiene la aspiraciones de que sus dirigentes acaben materializando un salto cualitativo aún mayor. Por eso surge el cuestionamiento de si de verdad existen o no más casos similares o si simplemente las administraciones responsables no son capaces de detectarlos con la suficiente celeridad. Es una vieja controversia la de cuál debe ser el verdadero volumen de los servicios sociales en una sociedad como la nuestra. La respuesta sigue siendo sólo una: el mayor posible. El mal a corregir es de tal envergadura, afecta de tal manera al derecho primigenio de llevar una vida digna , que no puede haber lugar a dudas o titubeos. Es necesario crear un sistema de detección eficaz, que elimine cualquier posible zona de sombra en una sociedad que no puede, ni tiene por qué, permitirse el lujo de contemplar casos de miseria de tal envergadura. El sistema ha funcionado en esta ocasión, pero puede haber ocultos muchos más casos en los que esté en juego no sólo la salud de menores sino de aquellos que son responsables de hacer que los suyos vivan en condiciones adecuadas. La adecuada reacción de la Policía Local y la Conselleria de Sanitat del Govern balear ha permitido que esta vez haya podido tenderse a una familia un puente hacia una vida digna, algo de lo que las instituciones -no nos olvidemos- son plenamente responsables.