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La adecuación de los salarios de los trabajadores a los lugares en los cuales desempeñan su labor es un viejo tema reivindicativo que, sin embargo, continúa sin resolverse en el ámbito de la función pública dependiente del Estado en lo que a Balears se refiere. Los problemas que ello genera son tremendamente graves para la configuración social de las islas, y los ciudadanos lo notan. El hecho de que no existan plantillas fijas en ámbitos como la seguridad o la justicia, por poner dos de los ejemplos más importantes e influyentes en el entorno más cercano al ciudadano de a pie, ocasiona que los que los desempeñan hagan sus tareas con el convencimiento de su provisionalidad, y sin llegar a entender ni la idiosincrasia ni las necesidades del lugar en el que se encuentran. Dicho de otra manera, un funcionario a quien la administración de justicia obliga a ocupar una plaza en Eivissa inmediatamente que pueda pedirá el acercamiento a su lugar de origen, sobre todo al comprobar que su sueldo queda muy mermado por la carestía de todo lo necesario para vivir, sea la alimentación, la vestimenta o la vivienda. Desgraciadamente, la rivalidad política ha vuelto a dar (ver página siguiente) una nueva prueba de que para nuestros representantes políticos está muchas veces por encima la autoría de una medida necesaria que la resolución del problema en sí. Manuel Cámara propuso en el Senado la adopción de una serie de medidas destinadas a aplicar en Balears medidas compensatorias similares a las que existen en otros lugares del Estado como Canarias, Ceuta o Melilla. La medida quedó abortada al votar en contra el PP, con mayoría absoluta en la Cámara, con el apoyo de Coalición Canaria. El PP, curiosamente, defiende lo mismo y el Gobierno, como recordó ayer el propio ministro Javier Arenas, tiene intención de hacerlo realidad. En esta paradoja quienes perdemos somos los que queremos una administración justa y unos funcionarios reconocidos que hagan que sea realidad. Mientras, todos perdemos.