Ahora que la controvertida utilización de la ecotasa ha llegado a un punto de calma, es el momento de reflexionar sobre lo que ha sucedido con ella. El diputado de Els Verds Joan Buades cuestionó hace algo más de un mes en el Parlament si la compra en pleno Parque Natural de ses Salines de los terrenos del complejo «Los flamingos» y de edificios en Son Serra de la marina, en Mallorca, no suponía, literalmente, una «malversación de fondos públicos» procedentes del recién creado impuesto turístico. En los dos casos, afirmó, se ha pagado de más; en el primero porque el proyecto urbanístico quedó inutilizado, y en el segundo, porque las construcciones son ilegales y debían ser derribadas por parte de la empresa promotora. Esto, refrendado tanto por los datos del propio diputado de Els Verds como por los que maneja el Partido Popular, ha abierto una vía importante de intranquilidad en relación a la bolsa que tiene el ambicioso objetivo de convertir las Islas en un paraíso con el medio ambiente perfectamente protegido. De momento, está claro es que la entrada de tal caudal de dinero en las arcas autonómicas supone una alteración importantísima del mercado y se corre el peligro de que gracias a que el objetivo es tan loable (la preservación de los espacios naturales) se pueda acabar perdiendo el sentido de la medida, como puede haber sucedido. Por eso es necesario establecer criterios más estrictos y mecanismos de control que garanticen una utilización realista del dinero. En estos momentos, el listado de actuaciones a acometer con la recaudación del impuesto turístico se parece más a una carta a los Reyes Magos que a una programación seria y diagnosticada sobre las necesidades reales de las Islas. La ecotasa es controvertida y tiene muchos detractores, pero si existe tiene que atenerse a los criterios más serios. Por eso es necesario que no se deformen los objetivos que sus impulsores habían prometido cuando la gestaron y que los márgenes de arbitrariedad se reduzcan a lo mínimo.