Después de años de intentos y de decepciones, al fin se ha
creado el Tribunal Penal Internacional de La Haya, que se encargará
de juzgar los crímenes contra la Humanidad, los genocidios y los
crímenes de guerra, aunque los juicios no empezarán efectivamente
hasta dentro de un año y medio. Una excelente noticia que, pese a
todo, arranca con un déficit fundamental: la ausencia de Estados
Unidos, que pretende que sus soldados disfruten de impunidad allá
donde vayan, especialmente en sus misiones internacionales. Y no es
de extrañar, si tenemos en cuenta que se prepara otra guerra que,
de momento, carece de la legitimidad que le daría el «visto bueno»
de las Naciones Unidas, que representan la legalidad
internacional.
A la ceremonia oficial de nacimiento del tribunal asistió el
secretario general de la ONU, Kofi Annan, pero la ministra de
Exteriores española, Ana Palacio, suspendió repentinamente su
participación alegando «razones de agenda». Una sorpresa de último
momento, pues nuestro país sí ha firmado su adhesión a esta
iniciativa crucial para amedrentar a los dictadores y genocidas de
cualquier rincón del mundo que se sientan tentados de cometer
delitos como el exterminio, la esclavitud, la tortura, la
violación, la deportación, el «apartheid» o la persecución por
motivos religiosos, étnicos o racistas.
No es fácil, pues, la posición de España, decidida a alinearse
con George Bush y Tony Blair en su empeño de emplear la fuerza de
las armas contra Irak aun sin contar con el beneplácito de la ONU.
Seguramente la creación del TPI suponga un nuevo pedrusco en el
camino hacia la guerra de Estados Unidos, pero tal vez se convierta
en algo más para los países que sí aceptan al tribunal.
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