06/03/03 0:00
TW0

El Gobierno central ha asestado un duro golpe al acuerdo adoptado entre Govern balear y patronales de comercio de las Islas en cuanto a la apertura de los establecimientos en jornadas festivas. Con la amenaza de anular el calendario de festivos pactado en el Archipiélago, desde Madrid se trata de defender las tesis liberalizadoras, que benefician a las grandes superficies y a los consumidores, frente a los intereses del pequeño comercio, incapaz de competir en cuanto a personal, horarios y salarios.

El Govern considera que el Gobierno del PP está cometiendo una injerencia intolerable en un asunto que es competencia exclusiva de la Comunitat Autònoma, que ha optado en los últimos años por alinearse con el comercio tradicional, pieza clave de la economía isleña que emplea a 62.000 personas. Es cierto que el acuerdo contó con el beneplácito de las grandes superficies, sin embargo, hay que admitir que no tenían excesivo margen de maniobra. O aceptaban los cinco festivos consensuados, o se elaboraba una lista de once festivos con poco gancho comercial.

Lo importante es alcanzar un auténtico consenso, sin trampa ni cartón, entre todas las partes, incluidos los consumidores. No cabe duda de que el ciudadano de a pie, en una primara lectura, está por la libertad de horarios. Los tiempos que corren obligan a la mayoría de las familias a realizar sus compras en horarios límite y en ocasiones, cuando el festivo coincide con un sábado, como acaba de ocurrir, el daño al consumidor resulta notable. No obstante, hay que tener en cuenta el precio que pagaría Balears por esta opción liberalizadora llevada al extremo. Miles de puestos de trabajo en el sector del pequeño comercio podrían desaparecer. Para evitarlo es necesario proteger el comercio tradicional, pero sin que ello signifique un anquilosamiento. Los pequeños comercios deben evolucionar y adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos.