Las últimas declaraciones del presidente del Tribunal
Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, sobre la diferenciación
entre comunidades históricas y no históricas en el proceso
autonómico ha provocado una nueva oleada de indignación,
especialmente en el mundo nacionalista.
Aunque asegura Jiménez de Parga que no era su intención ofender
a nadie, lo cierto es que lo ha hecho y mucho. Pero más,
probablemente, por enfocar de forma errónea su conferencia que por
ánimo de insultar a vascos, catalanes y gallegos.
Porque la temática tratada por Jiménez de Parga en su discurso
fue la historia de las regiones españolas y, sin duda, historia
tienen todas ellas y de muy importante calado, además. Como él
dijo, quién puede negar la profundidad de la historia de Andalucía,
por ejemplo, de Asturias, de Valencia, de Castilla-León... Hacerlo
sería ridículo. Pero también lo es creer que las llamadas
comunidades históricas lo son por su trayectoria histórica. Pues ni
Galicia ni Catalunya ni el País Vasco han fundamentado su acceso a
los privilegios autonómicos de que disfrutan en base a su recorrido
histórico a través de los siglos, sino porque en su día -durante la
II República- ya accedieron a sus propios estatutos de autonomía,
proceso que quedó dramáticamente zanjado con la Guerra Civil y la
posterior dictadura franquista.
Cuarenta años de represión contra la cultura, el idioma y la
personalidad propios dejaron a estas regiones -especialmente a
vascos y catalanes, mucho más activos en su defensa de lo propio-
en una posición distinta a la del resto de los españoles -sobre
todo andaluces y castellanos-, cuya cultura fue, digamos, la
vencedora e intentó imponerse de forma uniformizadora al resto del
país.
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