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Durante demasiado tiempo hemos contemplado atónitos -ayer mismo un maltratador era detenido después de propinar una tremenda paliza a su esposa en Palma y, tras prestar declaración, volvía a campar a sus anchas por la calle- cómo delincuentes de toda clase entraban y salían de comisaría con absoluta impunidad. Es cierto que la solución a la delincuencia no es la cárcel en todos los casos, pero se había llegado a un extremo en el que los propios agentes policiales se quejaban de que poco servía su labor si tras llevar a cabo una detención, ésta quedaba en agua de borrajas.

Ayer, el Consejo de Ministros aprobó la modificación de 175 artículos del Código Penal y adoptó una serie de medidas que pretenden atajar esta situación, destinadas especialmente a controlar a los delincuentes habituales, a los maltratadores, a los inmigrantes que cometen delitos y a los narcotraficantes.

Además, especialmente acertadas, se han aprobado condenas ejemplares contra quienes cometan ablación, maltrato de animales, violencia en el deporte o tráfico de seres humanos.

Algunos han querido ver en estas decisiones un regreso a la época más dura del franquismo, aunque para la mayoría estas medidas serán bienvenidas. Al menos en el papel, porque la práctica ya será otra cosa. Pues todos sabemos que en los últimos años se ha echado en falta un mayor número de agentes policiales en todas las grandes ciudades y ahora, con la adopción de estas nuevas leyes, la presencia policial será aún mucho más importante. ¿Cómo si no se podrá garantizar que un maltratador cumpla la pena de alejamiento de su víctima? Al final, en esto, como en casi todo, lo que hace falta es una buena inyección de medios económicos, técnicos y humanos y ahí es donde suele fallar el sistema.