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El Gobierno de José María Aznar iniciará el lunes el trámite para la aprobación de una ley que permitirá que en los casos de terrorismo se cumplan de forma íntegra las penas y que los presos condenados por estos delitos no puedan acogerse a determinados beneficios del régimen penitenciario. También se establece en el proyecto que presentará el Ejecutivo que, en casos de delitos contra la Hacienda Pública, como fue el caso del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, estos condenados tendrán limitaciones para acogerse al tercer grado hasta que hayan devuelto las cantidades de las que se apropiaron.

Las reacciones no se han hecho esperar y desde el PSOE se ha pedido un diálogo inmediato, mientras que desde Izquierda Unida y CiU se criticaba que se anunciara la reforma de manera unilateral y sin previo aviso, aunque se mostraban dispuestos a hablar de ello con el Gobierno. Por su parte, los nacionalistas del PNV señalaban que el Ejecutivo saca ahora este asunto, una vieja aspiración del PP, para desviar la atención de la opinión pública de la catástrofe del 'Prestige'.

Estamos claramente ante una ofensiva en toda regla del PP, que quiere superar las recientes horas bajas causadas por la marea negra y recuperar la iniciativa política. Por otra parte, No es novedosa la idea del Gobierno. Desde amplios sectores se ha planteado la demanda del cumplimiento íntegro de las condenas por parte de los terroristas con delitos de sangre. Es cierto que nunca debe perderse de vista que el objetivo final del sistema penitenciario español es la rehabilitación del delincuente y su reinserción en la sociedad. Pero antes deberá quedar claro el arrepentimiento. Si éste no se da, es absurdo hablar de beneficios penitenciarios.