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No es una cuestión baladí el hecho de que la Plataforma por la Convivencia denuncie vejaciones sin sentido en dependencias policiales de Eivissa. No es la primera vez que surgen sospechas de este tipo, y el silencio vuelve a ser la única respuesta por parte de la Administración, algo que a estas alturas de la democracia ya no es de recibo porque se generan dudas sobre la actuación de cuerpos respetables en los que tales modos han de formar sólo parte del pasado más rancio y deleznable.

La directora insular de la Administración del Estado, Marienna Sánchez-Jáuregui, no parece tener intención de contestar las afirmaciones vertidas el pasado miércoles ni tampoco, de momento, ha anunciado públicamente una investigación que apacigüe los ánimos de los ciudadanos, de todos y no sólo de aquellos que realizan las gravísimas afirmaciones. De persistir en esta decisión, romperá una importante norma no escrita de la democracia, y eso es algo que no tiene razón de ser.

De momento, las acusaciones tendrán que ser estudiadas por la Fiscalía y llegarán a la Oficina del Defensor del Pueblo, que recibirán el informe de la plataforma, lo cual debería provocar, aún más si cabe, una respuesta rápida, antes de que el silencio y el propio proceso de estudio vayan consolidando una imagen de represión que es absolutamente inaceptable. Una investigación interna rápida y eficaz puede bien restituir la imagen de los cuerpos en cuestión o bien delimitar las responsabilidades hasta donde puedan llegar. De momento, y mientras no se diga lo contrario, cabe dentro de lo posible lo peor, que es que sean ciertas unas acusaciones que nos rebajarían a todos a un nivel que no merecemos. El futuro tiene que tener una administración digna, respetuosa con el ser humano y eficiente en su trato. De momento nos tenemos que conformar con que las dudas vayan echando raíces que parece que nadie quiere erradicar. Investigarlo, por cierto, no tiene que suponer ningún descrédito previo.