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El toma y daca sobre los descuentos del transporte no cesa y ahora el Govern ha lanzado una nueva propuesta cargada de toda lógica y que pasa a engrosar la ya larga discusión sobre cómo alcanzar una fórmula en la que los ciudadanos de las islas nos veamos justamente compensados en este ámbito, uno de los principales problemas que asaltan nuestras economías y nuestras vidas. Ni siquiera es posible saber a estas alturas si la solución al conflicto es fácil o difícil de conseguir. El golpe de efecto que llegó primero desde Madrid y que era una vuelta de tuerca en el pulso que el Gobierno mantiene contra el ejecutivo de izquierdas de Balears ha tenido una rápida y pronta respuesta por parte del Govern de Antich.

Madrid asegura que Balears, que tanto lo reclama, puede subir el descuento para residentes del 33 por ciento que existe ahora al 50 por ciento. Esto es, desvía al ámbito autonómico una cuestión que hasta ahora se ha afrontado, con toda la razón, como una necesidad de compensar a un territorio infradotado de infraestructuras, al no tener acceso a las grandes obras públicas con las que poco a poco se moderniza el resto del Estado, y de las que las autopistas o la alta velocidad son dos ejemplos claros.

Este argumento, precisamente, es el que cuenta con el respaldo unánime de toda la sociedad balear, incluyendo al propio Partido Popular, el mismo, por ciento, que en el Gobierno central realiza este movimiento maestro, pero ruin, porque desvía la responsabilidad de haber desarrollado una política armónica, racional, dando a cada uno lo que necesita. Desgraciadamente, los ejemplos buscados desde el Consolat de Mar y sus exigencias tienen difícil hacer mella en un talante duro como el mostrado por el ministerio de Àlvarez-Cascos. Visto lo visto, no parece que el problema se vaya a solucionar a corto plazo, salvo que por exigencias de la tradición electoral haya cambios de última hora y los nuevos descuentos sean uno de los ganchos de la campaña. Ojalá no sea así.