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El juez Garzón ha vuelto a sorprender con un concepto novedoso: la «limpieza étnica de baja intensidad», un supuesto delito del que acusa a Batasuna, como brazo político de ETA, que intentaría con esas armas «eliminar» del País Vasco a toda persona ajena a la ideología nacionalista con el objetivo de ganar de calle el referéndum sobre autodeterminación.

El concepto es, cuando menos, confuso, pues jurídicamente se entiende que el delito de «limpieza étnica» se ejerce siempre desde el poder "casos como los de Serbia con los bosnios o Turquía con los kurdos", no desde un grupo terrorista.

Pero la verdad es que muchas personas han muerto por culpa de un terrorismo irracional injustificable que jamás ha sido condenado por Batasuna. Y no se trata ni de derechas ni de izquierdas. Entre las víctimas del terror hay tanto miembros del PP como del PSOE, hay incluso partidarios de la negociación. Por ello, si Garzón aprecia que desde determinadas organizaciones pueden existir comportamientos delictivos que atenacen la libertad mediante coacciones, si aprecia que existen indicios razonables de que desde Batasuna se intenta acabar con quienes no piensan en concordancia con ellos, debe continuar con el proceso legal preciso para que cualquier ciudadano se sienta seguro en Euskadi y pueda pensar y expresarse con total libertad.

Es cierto, desde luego, que del País Vasco se ha ido mucha gente. Aquí en Balears, por ejemplo, hay una buena colonia de vascos, que vinieron a esta tierra en busca del empleo que allí escaseaba tras la terrible crisis económica de los años 80. Seria absolutamente terrible que la causa de una nueva emigración, en este caso en los inicios del siglo XXI, se debiera al miedo causado por la sinrazón del terrorismo y de quienes le dan su apoyo.