La reunión entre el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
Eduardo Zaplana, y los principales líderes sindicales se saldó con
una valoración positiva por parte de estos últimos ante la revisión
de algunos de los puntos más polémicos del llamado «decretazo»,
aunque esto no ha agradado en demasía a la patronal.
Zaplana, como principales armas, volvió a poner sobre la mesa,
si bien no de una forma total, el salario de tramitación y que los
fijos discontinuos puedan percibir la prestación por desempleo.
De todos modos, lo que cabe pensar frente a lo acontecido en los
últimos días es que el Gobierno de Aznar bien hubiera podido
evitarse el empecinamiento que le condujo a una huelga general
haciendo gala de un talante más abierto y dialogante. Eso es
simplemente lo que ha sucedido, pero habría que preguntarse cuáles
son las razones que han movido al Ejecutivo a este cambio de
dirección en materia laboral.
La respuesta podría estar en el hecho de que los indicadores
económicos ya no son tan favorables como hace unos años y el
descontento empieza a hacer mella en el electorado. Lo peor que
podría hacer el Gobierno es echar por la borda la paz social.
En estos momentos de desaceleración económica, pese a que
nuestro crecimiento sigue siendo el mayor de la Unión Europea, es
bueno que exista acuerdo en cómo y de qué manera debemos afrontar
el futuro, naturalmente sin perder los avances sociales conseguidos
a lo largo de años, pero dentro del más estricto equilibrio y con
una normativa que permita evitar el fraude. No es tarea fácil, pero
el primer paso era sentarse a hablar, a dialogar, sin la cerrazón
de hace unos meses y eso se ha hecho por fin.
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