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La ciudadanía de todo el país, y Balears no es una excepción, está mostrando en los últimos tiempos una creciente preocupación por la sensación de inseguridad que se vive en las calles, especialmente en las grandes ciudades. El Gobierno de José María Aznar ha tomado nota de esta tendencia que reflejan todas las encuestas y ha anunciado una «cruzada» contra la delincuencia. Ayer el president del Govern, Francesc Antich, visitaba en Madrid al ministro del ramo para exponerle "acompañado por una pequeña delegación balear" los problemas más acuciantes que en ese sentido se viven aquí y sus posibles soluciones.

Pese al anuncio de «cruzada», desde el Gobierno central no se comparten las ideas del Pacte de Progrés con respecto a las necesidades policiales en las Islas, aunque de momento se ha conseguido un acuerdo para cubrir las plazas vacantes de policías y guardias civiles y se ha constatado un talante negociador en el nuevo ministro, Àngel Acebes, que se mantuvo muy receptivo a las explicaciones de los baleares sobre la inseguridad en zonas turísticas como la Platja de Palma o la de Sant Antoni, en Eivissa.

De entrada, todo ello es positivo, casi todo el mundo está de acuerdo en que a mayor presencia policial en las calles, más disuasión para el delincuente. Pero hay otro problema detrás y es la actuación judicial, que permite "con la ley en la mano" que el pequeño delincuente disfrute de plena libertad aunque haya sido detenido un centenar de veces. Quizá sea ahí donde está el inconveniente y por eso no estaría de más que en esa «cruzada» que se prepara desde Madrid se contemplen también los aspectos no puramente policiales del problema, porque poco lograremos con más detenciones.