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En el País Vasco se suceden con enervante constancia las buenas y las malas noticias. A la excelente noticia del desmantelamiento de parte importante "si no toda" de la cúpula etarra, un nuevo éxito policial en la lucha contra el terrorismo, los asuntos políticos continúan enredándose cada día más. Es evidente "nadie podría siquiera discutirlo" que la guerra de los demócratas contra los que se valen de las pistolas debe ser firme, contundente y sin tregua, armados con todos los recursos que permite la ley. Por eso resulta sorprendente que un juez de la Audiencia Nacional como es Baltasar Garzón tenga que intervenir para decidir si prohíbe o no manifestaciones para protestar por los últimos acontecimientos.

Aunque igualmente resulta absurdo el intento del Gobierno vasco de responder a esas actuaciones judiciales con querellas por prevaricación. A menudo parece que tanto en Euskadi como en Madrid se ha perdido el norte respecto al enemigo común: el terror. A nadie perjudica más la violencia etarra que a los propios vascos y por eso no hay que dudar un instante a la hora de crear un frente común, por más que sean los aspectos que separan a nacionalistas y constitucionalistas, porque siempre serán más importantes los lazos que les unen, por encima de partidismos y, sobre todo, de electoralismos.

Ahí es donde se demuestra la altura de un político y ahí es precisamente donde pinchan casi todos, incluido el magistrado, que en demasiadas ocasiones parece más interesado en su propia publicidad que en el ejercicio de la justicia pura y dura, que debe llevarse a cabo siempre bajo el más escrupuloso cumplimiento de los fundamentos de la democracia: la defensa de las libertades y la separación de poderes. Hay que cumplir la ley pero sin que el poder judicial invada las legítimas competencias del Ejecutivo y del Legislativo, sean éstos estatales o autonómicos.