Este mes de agosto ha acumulado seis casos de malos tratos en
mujeres, que han terminado en muerte. El último de estos terribles
sucesos se produjo el pasado miércoles en Valencia, cuando una
mujer recibió varias puñaladas de su ex marido, a pesar de que
había sido denunciado por violencia doméstica en once ocasiones.
Ese mismo día, en Sevilla, otra mujer ingresó en la UCI del
hospital Virgen del Rocío tras ser agredida por su compañero, y el
jueves, sin ir más lejos, la Ertzaintza detenía al compañero
sentimental de una mujer asesinada el pasado día 23 en Basauri y un
padre asestaba varias puñaladas a sus dos hijos. Lamentablemente,
estos sucesos se repiten cada mes.
Pero lo que clama al cielo y llama poderosamente la atención es
la escasa atención policial prestada a las denuncias presentadas
por víctimas de malos tratos que, en ocasiones, acaban muriendo de
una forma terriblemente violenta. En el último caso, la familia de
la víctima no había presentado ni una, ni dos, ni tres denuncias,
sino once. Es contradictorio que se anime a las personas a
denunciar hechos como éstos y no se obtengan los resultados que se
persiguen. Las vidas de muchas personas, especialmente mujeres,
están en juego y las amenazas no entienden de excesivas denuncias
acumuladas, poco personal o mucho trabajo.
Hay que exigir al Ministerio de Justicia y al Ministerio del
Interior que arbitren fórmulas adecuadas que garanticen la
seguridad de las personas amenazadas. Y, sobre todo, una más
decidida acción preventiva que evite estos repetidos casos de
violencia. La primera denuncia, debidamente comprobada, de malos
tratos, o incluso de amenazas, debe acarrear una contundente
intervención policial y judicial que corte en seco cualquier
riesgo.
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