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La propuesta comunitaria para la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) supondrá un recorte de las ayudas directas que llegan actualmente al sector del orden del 20 por ciento durante un período de siete años a partir de 2004. Traducido a cifras, unos 376.000 agricultores españoles, más del 40 por ciento del total, dejarán de percibir 840 millones de euros en concepto de subvenciones. Existen razones objetivas para la reforma de la PAC. Un malsano productivismo que ha dado lugar a costosos excedentes y a episodios tan absurdos como el de las 'vacas locas', figuraría a la cabeza de todas ellas.

A mayor abundamiento, la necesidad de rebajar la impresionante factura que supone la PAC, estando en puertas la incorporación a la UE de los países del Este, se convierte en otro factor que reclamaba un cambio de modelo en las subvenciones a la agricultura. Pero ello no quiere en absoluto decir que se tenga que llevar a cabo sin atender a las particularidades propias de un continente tan extenso. Cunde entre nuestros agricultores la idea de que España va a salir perdiendo substancialmente con la reforma, entre otros motivos porque no se han tenido suficientemente en cuenta las peculiaridades del sector agrario de los países del Sur, con rendimientos siempre más bajos por razones climáticas.

Una vez más nuestro país puede salir perdiendo cuando de asuntos agropecuarios se trata. Y aun admitiendo que aquí tenemos pendiente desde hace demasiado tiempo una adecuación del sector "explotaciones más racionales, cultivos apropiados a cada zona, etc." entendemos que la prevista reforma debe matizar más en sus recortes en pos de lo que hoy se conoce como agricultura sostenible. Especialmente ahora, cuando cada vez está más claro que el agro es un valor sólido, con futuro, más allá de supuestas «alegrías» en el campo tecnológico e industrial.