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El largo encierro de un numeroso grupo de inmigrantes en Sevilla ha terminado de forma brusca con su detención por parte de la policía y la orden de expulsión para los que no puedan obtener «papeles». El defensor del pueblo andaluz ha pedido a las autoridades «generosidad» con los encerrados, que han sufrido esa situacón desde principios de junio. En realidad, las autoridades deberían ser generosas con todos los inmigrantes o con ninguno, porque en una cuestión de este tipo no pueden ni deben hacerse excepciones.

Aplicar la ley caso por caso y con las máximas garantías y respeto a los derechos humanos es lo que se impone y, si ésta resulta demasiado dura con el recién llegado, lo que hay que hacer es suavizarla para que todos puedan beneficiarse. De otro modo, si el Gobierno hubiera accedido a regularizar la situación de todos los encerrados, el país se llenaría de encierros como única vía para quedarse en España legalmente.

Pedir, como han hecho algunos colectivos, la regularización masiva de todo el grupo como «única solución justa» es pura demagogia, porque la injusticia entonces se estaría cometiendo con todos los extranjeros a los que se les aplica la ley sin miramientos y nunca han protagonizado un encierro.

Si la sociedad en su conjunto considera que la Ley de Extranjería es del todo injusta deberá promoverse un debate profundo, serio y sin cortapisas sobre el modelo de país que queremos y cómo acoger masivamente a inmigrantes de todo el mundo. De otro modo no hay más que aplicar la ley que tenemos, garantizando, eso sí, siempre los derechos de los inmigrantes y manteniendo una relación de cooperación activa con los países de origen, sumidos en profundísimas crisis.