El último atentado de ETA ha tenido el efecto de unir a todos
contra el terrorismo. Ya era hora. Excepto Batasuna, que ha
demostrado una vez más el rostro inhumano del fascismo. Tras la
decisión de Arnaldo Otegi no sólo de negarse a condenar el brutal
asesinato de una niña de seis años y de un hombre, sino de
responsabilizar del crimen al presidente del Gobierno, José María
Aznar, el mecanismo judicial para ilegalizar la coalición abertzale
se ha puesto en marcha. El Gobierno ha remitido a la Fiscalía
General del Estado toda la documentación, aunque parece que el
silencio no bastaría para llevar a cabo la prohibición del grupo
político, pero podría interpretarse como toda una «declaración de
intenciones» que justificara el proceso.
Como era de esperar, algunas voces "sobre todo desde el País
Vasco" se han pronunciado ya en contra de la ilegalización de
Batasuna y otras han mostrado serias dudas, como la de un sindicato
policial. No sin razón, el portavoz de este colectivo asegura que
prefieren tener controlados a los dirigentes abertzales, en sus
sedes, que escondidos en la ilegalidad, porque con esa situación
resultará todavía más difícil combatir el terrorismo.
Nadie sabe a ciencia cierta qué dificultades nuevas pueden
añadirse a la lucha contra el terror, pero lo seguro es que una vez
que Batasuna sea ilegal la práctica habitual de amenazas, miedo y
chantajes que se vive a diario en Euskadi pertenecerá al ámbito del
delito puro y duro y no, como ocurre ahora, al mundo de la
política. Pese a todo, el Gobierno y los partidos que respaldan
estas decisiones deben meditar muy bien los pasos a seguir para
darlos con firmeza y no terminar "como ha ocurrido con algunas
medidas judiciales" desandando el camino una vez emprendido.
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