El Gobierno central considera que no hay razón para la
declaración de interés público de las rutas aéreas entre Balears y
la Península y las interinsulares, lo que ha provocado que el
Govern balear se plantee acudir a los tribunales. Además, el
Ejecutivo de Aznar rechaza elevar la subvención del 33 por ciento
para residentes hasta el 50 por ciento.
Son dos los problemas a los que nos enfrentamos. Por un lado, la
necesidad de contar con un adecuado servicio de transporte aéreo
que asegure nuestras comunicaciones con la Península y con el resto
de las Islas. Y por otro, que sea posible viajar a precios
razonables.
En los últimos años las distintas compañías aéreas han elevado
los precios de los billetes hasta alcanzar unas cifras que no todas
las economías familiares pueden asumir. Ante estas tarifas, el
actual descuento del 33 por ciento resulta totalmente insuficiente.
Una vez más, hay que recordar lo que signfica la insularidad. En
Balears sólo tenemos dos opciones: el barco o el avión. Aquí no
existe la posibilidad de ir a cualquier ciudad de la Península
utilizando coche, autocar o tren. Este déficit debe suplirlo el
Estado con una política de subvenciones que amortigüe las
desventajas económicas derivadas de la insularidad.
Otra cuestión más compleja es la declaración de servicio público
de las rutas aéreas de Balears. Lo que realmente importa es que las
distintas compañias aéreas que operan en nuestros aeropuertos den
un buen servicio, con unos horarios que respondan a las necesidades
de los ciudadanos. Sólo en los casos "rutas o franjas horarias" en
que esta demanda no sea satisfecha debería exigirse la declaración
de servicio público.
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