Una ley consensuada

Algunas cuestiones que ofrecían serias dudas jurídicas han sido rectificadas oportunamente. Una nueva redacción de uno de los artículos evita la posible aplicación retroactiva de la norma. Lo mismo ha ocurrido con las causas de disolución de partidos al eliminarse referencias a movimientos «antisistema». Sólo se podrán declarar ilegales los partidos «racistas, terroristas y xenófobos». No menos importante es la enmienda pactada que hace referencia al procedimiento para instar la ilegalización de un partido. Será el Gobierno, a partir de una petición del Parlamento, quien se dirija al Tribunal Supremo para que decida la ilegalización de una organización política.

En un asunto tan delicado era imprescindible que los dos principales partidos se pusieran de acuerdo. Y no sólo ellos. También se ha sumado CiU, con algunas reservas sobre la oportunidad de la ley, y tras incorporar también algunas enmiendas. No obstante, es significativo que tanto el PSOE como la Minoría Catalana hayan evitado la foto del acuerdo. En el caso de CiU, sus bases estaban claramente en contra de la ley, pero Pujol no ha tenido más remedio que aceptarla a cambio de otras contraprestaciones del Partido Popular.

Esta ley tiene, como es obvio, un destinatario preferente: Batasuna. Cabe preguntarse cuál será la reacción de los miles de militantes de Batasuna. Pero la actitud continuada del partido abertzale ante los repetidos atentados y la clara vinculación entre ETA y Batasuna obligaban a tomar alguna decisión. Los partidos democráticos no podían permanecer impasibles ante un partido que justifica el terrorismo. Lo trágico es que con ley o sin ley nada hace presagiar un horizonte de paz y libertad en el País Vasco.