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El «caso Formentera» acaba de dar un vuelco inesperado, tras la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares de revocar casi en su totalidad el auto del juez instructor del propio TSJB y poner en conocimiento del Tribunal Supremo los indicios existentes para la imputación de Matas y Estaràs. El TSJB lo pone todo en manos del TS «para que adopte la decisión que estime pertinente» en relación a las acusaciones de delito electoral y malversación de fondos públicos sostenidas reiteradamente por el fiscal jefe.

Los hechos investigados se refieren a las elecciones autonómicas de 1999, en las que, presuntamente, se organizaron viajes oficiales a diversos países latinoamericanos para captar entre los emigrantes baleares votos favorables al PP. En contra de lo decidido por el juez Monserrat, la Sala acepta la tesis de la Fiscalía. Así las cosas, ahora será el Supremo quien decida si reclama o no la causa. No hay que olvidar, sin embargo, que el Alto Tribunal inadmitió una querella similar contra Matas y Estaràs, y el fiscal del Supremo no vio delito electoral, aunque reconoció que lo sucedido era «estética e incluso éticamente reprochable».

No cabe duda de que los cuatro magistrados que han firmado el auto han adoptado una línea jurídica totalmente distinta de la del juez Monserrat, si bien han rechazado declarar nulo su auto y han defendido que optarán por una valoración ampliamente motivada de las diligencias. Pero en todo lo demás han desmontado sus argumentos. Es significativo que en lo referente a la presunta revelación de secretos la Sala se oponga al sobreseimiento y lo remita a los juzgados de instrucción.

En este momento procesal se impone la prudencia. De la misma forma que se equivocaron quienes a partir del auto del juez Monserrat lanzaron las campanas al vuelo, cometerían un error quienes ahora adoptaran posturas parecidas. La Justicia sigue actuando y queda un tramo por recorrer. Hasta que se dicte una decisión inapelable es prematuro aventurar consecuencias políticas.