El president del Govern, Francesc Antich, ha manifestado su
firme decisión de aplicar el impuesto turístico, conocido
popularmente como ecotasa, a partir del 1 de mayo, al no haber sido
posible alcanzar un acuerdo con los touroperadores. Una decisión
que cuenta con la oposición de los hoteleros y el sector turístico
e incluso con algunas sugerencias, a favor del aplazamiento, de
algunos de los socios del Pacte de Progrés.
Ciertamente, la idea de que un impuesto sobre el turismo
revierta en la mejora del medio ambiente es positiva. De hecho,
ésta es nuestra principal carta de presentación frente a los que
nos visitan. Aunque, bien es verdad, que surgen enormes
complicaciones a la hora de una aplicación práctica. La normativa
de la Unión Europea (UE) hace inviable que el tributo se cobre en
los aeropuertos, ya que no se pueden establecer descuentos para los
residentes, lo que sería discriminatorio para con el resto de los
ciudadanos comunitarios. Precisamente por ello se estableció que el
impuesto fuese abonado en los hoteles. Pero, de esta forma, queda
al margen del mismo el turismo residencial y, por supuesto, el
turismo ilegal, es decir, el de las plazas no declaradas.
Antich quiso conseguir un amplio consenso con todas las partes
implicadas con el fin de facilitar todo el proceso y arbitrar unos
mecanismos que permitieran la aplicación de la ecotasa sin traumas
ni graves enfrentamientos. Por parte del Govern se dieron las
máximas facilidades para hacer posible el aplazamiento. Pero no ha
sido posible. Quizá lo peor haya sido esa imagen de falta de
decisión. Ahora, según Antich, ya no hay marcha atrás.
Definitivamente, y siempre según el Govern, no hay
aplazamientos.
Antich ha decidido jugársela a una carta. Llegados a este punto
ya no cabía otra opción. Queda la duda de saber si se hubiera
podido evitar llegar a esta situación sin retorno. La temporada
está a la vuelta de la esquina. Ojalá nos sea propicia y no haya
que achacar a la ecotasa unos malos resultados económicos.
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