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Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de los presos de Guantánamo que los Estados Unidos mantienen en su base cubana tras la guerra de Afganistán. Se han denunciado sus extremadas condiciones de vida, o la arbitrariedad de los interrogatorios a los que son sometidos. Pero mucho menos se ha sabido acerca del presente y porvenir de aquellos otros detenidos en territorio norteamericano tras los atentados del 11 de septiembre por su presunta relación con los mismos. Ahora, un reciente informe de Amnistía Internacional permite que nos aproximemos a su triste realidad.

Más de 300 personas, en su mayoría de origen árabe, o de religión islámica, permanecen encarceladas en Estados Unidos seis meses después de los atentados, sin que sobre ellas pesen acusaciones concretas. Muchos no saben por qué viven en régimen carcelario de alta seguridad, ni de qué se les acusa. Derechos fundamentales como el de la presunción de inocencia, o el conocimiento del delito del que se les acusa, han sido vulnerados en el contexto de unas detenciones arbitrarias. En algunos casos, los detenidos no tienen ni abogado de oficio y ni tan siquiera han dispuesto de la oportunidad de comunicarse con sus familias. La situación es tal, que muchos de los presos han permanecido en la cárcel semanas, y hasta meses, después de que se hubiera expedido la orden de deportación a su país de origen.

Visados caducados y otras violaciones de las leyes de inmigración, figuran entre las «razones» que llevaron a la cárcel a los más de 1.200 detenidos a raíz de los atentados. De entre ellos sólo 93 han sido acusados de delitos penales, ¡ninguno de ellos relacionado con los atentados! En este momento se está reteniendo a personas sin que exista la menor prueba de su relación con la red de Al Qaeda. Son los otros presos, aquellos de los que las autoridades norteamericanas prefieren no hablar, ante la eventualidad de tener que dar demasiadas explicaciones, y por miedo a verse obligadas a reconocer sus errores y limitaciones.