Hace unos años, en la última etapa socialista, el país entero se lamentaba del espectáculo que los políticos estaban ofreciendo a la opinión pública, en un continuo y escandaloso trasiego del juzgado a la cárcel. Ahora, aquí, la cosa no ha alcanzado aún esos niveles de desvergüenza, pero sí se atisban ciertos síntomas nada saludables sobre el estado de nuestro estamento político. En una sola semana hemos visto pasearse por los titulares de la prensa tres sonoros casos de presunta corrupción política: los casos «ParcBit» "impulsado por el PP contra el Pacte y ahora archivado", «Bitel» "promovido por el Pacte en contra de los populares, e igualmente archivado" y «Formentera», que sigue su curso, por un presunto delito electoral denunciado por el Pacte de Progrés. Ayer mismo, el fiscal jefe informó que pedirá la imputación de Matas tras recibir vía libre del fiscal general del Estado. A todos ellos debemos añadir asuntos nada claros, como el «caso Maquiavelo» "los populares se querellaron contra varios políticos del PSOE de Calvià acusándolos de prevaricación y malversación de fondos" y «de Maó» "el PP se querelló contra el alcalde de la ciudad, socialista, por presunta prevaricación en la contratación de un arquitecto.
Editorial
La judicialización de la política
22/02/02 0:00
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