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El Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, lo que supone la regulación de muchas de las actividades que tienen como medio la red de redes, Internet. Aunque, bien es cierto, que, como en tantos otros casos, la tecnología está funcionando a pleno rendimiento muy por delante de la actividad de los legisladores. Precisamente por ello se hacía necesario un cierto control que diera carta de validez a las transacciones y a los contratos que se realizan a través de ese medio. El comercio electrónico, al que aún somos algo reacios en España, requería, además, con urgencia que se regularan sus condiciones de funcionamiento no sólo para evitar fraudes, sino también para garantizar la seguridad y la privacidad de los datos personales de quienes utilizan estos servicios.

Otro de los aspectos contemplados por el proyecto es el de que sólo con una orden judicial podrá cerrarse una página web. De esta manera puede garantizarse el derecho a la libertad de expresión y que sólo se actúe en contra de aquellos contenidos que estén fuera de la ley. También es importante, y eso lo conocen bien muchos usuarios, que se prohíba expresamente el correo electrónico publicitario sin el consentimiento previo del receptor.

Además se pretende, con la nueva norma, salvaguardar el derecho la infancia, el derecho al honor o a la intimidad, así como la salud y el orden público. Ahora bien, para poder ejercer un control serio y responsable desde los distintos departamentos del Gobierno o de la Justicia, es preciso que se lleve a cabo una modernización tecnológica que permita una actuación rápida y eficaz, tarea en absoluto fácil en el mundo de la realidad virtual.