Una sentencia que abre incertidumbres

La sentencia sobre la casa de Michel Cretú abre una nueva era en el ya complicado panorama urbanístico de las Islas. La cruzada del GEN contra uno de los proyectos privados más notorios desarrollados en la isla a mediados de los años 90 abre un boquete en la base misma del sistema con el que los ayuntamientos han trabajado hasta el momento. Es un gran logro por parte del GEN, pero un gran golpe para el Ayuntamiento de Sant Antoni. La consideración expresa de la sentencia del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma deja claramente a los gobiernos municipales ante el abismo de una incertidumbre constante, como reconocía ayer el alcalde de Sant Antoni, Antoni Marí Tur. Es la primera vez que un órgano judicial ordena la demolición de una construcción que dispone de licencia municipal, algo de gran importancia por motivos obvios, y no sólo por el simbolismo que puede representar. Desde ahora, la posesión de la licencia ya no es sinónimo de garantía de legalidad, como tampoco el hecho de que ésta se ampare en un informe de la Comisión Insular de Urbanismo si se demuestra que ambos contravienen las complejas normativas que se han de aplicar en las Islas. Es lógico, y es lo que han defendido hasta el final los ecologistas, pero es una novedad porque nunca se había llegado tan lejos. La sentencia también significa que los ayuntamientos pueden tener que responder de los perjuicios ocasionados por una tramitación que se demuestra que no se ajusta a la legalidad, una durísima amenaza para instituciones que en nuestro país nunca han tenido los recursos económicos que se merecen. El caso de la casa de Cretú es paradigmático, pero, puesto que se recurrirá, todavía quedará por ver lo que posteriores resoluciones judiciales añadan a lo ya sentenciado.