La lucha llevada por ecologistas, grupos de izquierdas y
asociaciones a favor del derribo de edificaciones ilegales es ya
antigua. El caso Trancedance es un claro ejemplo de como una
construcción sin permiso desafía una disposición legal que tarda
demasiado en aplicarse. Han sido diez años de tramitaciones y, aún
todas cumplidas, la estructura de ses Salines aún se mantiene en
pie, aunque parezca que ya le queda poco.
Es curioso, aunque no sorprendente, que en Eivissa haya tanta
edificación ilegal, pero lo es aún más que la demolición del
armazón de hierro y hormigón, situado en plena Reserva Natural,
esté llamada a ser la primera que se efectuará por orden del
Consell Insular, con lo que ello implica de símbolo y principio de
una nueva época: la del final de una ley no escrita que decía que
en las Pitiüses lo construido era intocable.
La acción de las excavadoras es cuestión de tiempo, ya que una
sentencia judicial da la razón a los que la solicitan. El último
escollo será el de esperar a que el Ayuntamiento de Sant Josep
conceda la licencia de demolición, único paso que separa esta
construcción de su fin. El Consistorio dice que falta un documento,
aunque el Consell, promotor del derribo, piensa que el proceso está
completo. Es, también, un detalles significativo de las relaciones
de descoordinación que aún mantienen las instituciones en un
contexto territorial en el que, como el del Trancedance, hay muchos
otros casos en idéntica situación que requerirán del acuerdo de
todos para limpiar los desastres del pasado. Queda mucho por hacer
todavía en lo que a ordenación urbana se refiere, un ámbito
complejo y cambiante que plantea tantos instrumentos como genera
dudas, pero la demolición del primero de los monstruos del pasado
es el primer paso dentro de un largo camino hacia el futuro.
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