La posibilidad de que el Gobierno central acceda a impulsar la
declaración de el interés público para los vuelos con las Islas
alivia sólo ligerísimamente el mal trago de ver cómo disminuyen los
enlaces con Eivissa hasta un límite increíble. El hecho de que esta
figura, destinada a garantizar un mínimo servicio en un derecho
vital para una sociedad insular, tenga inconvenientes debe abrir un
amplio debate destinado a clarificar , sin posibilidad de remisión,
una demanda única, fundamentada sobre si nos conviene o no ante las
instituciones que tienen esa potestad.
No es tan fácil como en un principio se pueda pensar; de hecho,
sería inconsciente suponer que el interés público será la panacea
que colme nuestras legítimas aspiraciones a una vida cómoda, pero
tenemos que tener en cuenta que es una opción que debe ser sopesada
por todos y cada uno de los sectores que tienen algo que decir:
instituciones, consumidores y patronales. Hasta ahora se ha
reclamado al Gobierno central una implicación más directa sobre los
problemas del transporte con las islas. No es únicamente un
discurso partidista, es un síntoma evidente de que algo pasa.
El ciudadano, guste a las instituciones o no, comienza a notar
un distanciamiento creciente entre Balears y Madrid, en el que la
diferencia ideológica se impone a la lógica del bien común y es en
asunto como el transporte cuando más se necesita una colaboración
desinteresada de ambos para acabar con trabas que impiden progresar
nuestra calidad de vida, una aspiración tan legítima como hoy por
hoy difícil. Tenemos ya poco tiempo, pero es necesario un esfuerzo
de concentración y posicionamiento que deje bien claro que las
Pitiüses no sólo tienen unas necesidades sino que saben qué es
necesario para satisfacerlas. Si no nos espabilamos, poco vamos a
conseguir, visto como está el tema.
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