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Quizá el sistema de autonomías que tenemos no sea el mejor de los posibles, pero es el que hay y, por el momento, hay que procurar que funcione como un reloj. Así que, una vez transferidas a los gobiernos autonómicos las competencias pertinentes, lo lógico es que la comunidad en cuestión promueva leyes y el Ejecutivo actúe en consecuencia. Pero las cosas están lejos de ser así. Al menos en Balears, especialmente desde que el Partido Popular gobierna en Madrid y el Pacte de Progrés que encabeza el PSOE lo hace en el Consolat de la Mar.

Si el Govern de Francesc Antich ha intentado dar un empujón progresista a las políticas de estas Islas, se ha visto coartado "o así lo intentan" de forma pertinaz por las instituciones centralistas. Ocurrió cuando el Govern decidió incrementar las pensiones más bajas que se perciben en nuestra Comunitat, volvió a suceder cuando se aprobó la ley de consells insulars que dotaba de mayor autonomía a cada una de las Islas del archipiélago, se ha repetido con la ecotasa y, ayer, sucedió de nuevo con la ley del comercio que trata de proteger al pequeño empresario frente a la competencia de las grandes superficies. Todas esas decisiones han sido recurridas ante el Tribunal Constitucional desde Madrid y parece claro que más que un afán ultraortodoxo por buscar ilegalidades en todas partes se trata de una política partidista que consiste en «torpedear» la labor del adversario.

Tal vez olvidan a menudo que las leyes las refrenda un Parlamento, que es el órgano que nos representa a todos, nos guste o no. Y si bien hay que velar por el cumplimiento estricto de la legalidad, también hay que hacerlo porque las instituciones funcionen. De no ser así los habitantes de estas Islas nos vemos condenados a no poder contar con el derecho a diseñar una política propia.