Se trata del primer escándalo de primera magnitud que salpica de
algún modo al Gobierno popular de José María Aznar en los años que
lleva en La Moncloa. La desaparición de una enorme cantidad de
dinero (hasta ahora se reclaman más de quince mil millones)
depositada por empresas y particulares en la sociedad de valores
Gescartera ya ha provocado la dimisión de un alto cargo del
Ministerio de Hacienda y ahora se desvelan nuevos vericuetos que no
hacen sino complicar una trama ya de por sí confusa.
Tras haberse negado en un principio, el PP acaba de anunciar su
disposición a que el Parlamento cree una comisión investigadora.
Vista la gravedad que está adquiriendo el caso, al PP no le queda
más remedio que aceptar las exigencias de la oposición y dar las
máximas facilidades para que aclare este turbio asunto. Después de
haber hecho bandera de la lucha contra la corrupción en la época
socialista, Aznar tiene que ser consecuente y cortar por lo sano
antes de que sea demasiado tarde.
En un caso como éste no sólo está en juego el dinero confiado
por los inversores a Gescartera, sino también la credibilidad de
todo el sistema de valores financieros español. Los datos más
recientes hacen pensar que la Comisión Nacional del Mercado de
Valores no actuó con la diligencia e imparcialidad que cabe esperar
de un organismo supervisor. En efecto, el dimitido secretario de
Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna, organizó varias comidas
en las que puso en contacto a los responsables de Gescartera con la
presidenta de la CNMV, Pilar Valiente.
Con estos datos en la mano, la Asociación de Usuarios de Bancos
ha decidido ampliar su querella a una nueva lista de nombres que a
buen seguro tendrán mucho que aportar a la investigación. La
ciudadanía exige ahora contundencia, firmeza y honestidad para
aclarar de una vez todo este entramado.
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