A Balears, nuevamente, le toca el papel de Cenicienta en el
reparto de dineros desde el Estado. Y eso que, por una vez y a
consecuencia de esa política de consenso con los socialistas que
lleva a cabo el Gobierno de José María Aznar, en esta ocasión las
comunidades gobernadas por el PSOE se han repartido la parte
sustancial del pastel. Pero aquí, ni con esas. Ya lo reconocía ayer
el conseller de Hisenda, Joan Mesquida, que aceptan el trato por no
quedarse fuera y, aunque no lo dijo, seguramente por acatar las
decisiones de la cúpula del partido en Madrid.
Se repartirán 8'5 billones de pesetas entre quince comunidades,
y Balears, cómo no, se sitúa en el último lugar de la fila, con
192.831 pesetas por habitante. A la cabeza, Castilla-León, con
258.500. Nuestros políticos aseguran que hay que seguir luchando
para conseguir mejoras para la financiación autonómica, pero lo
cierto es que la negociación en un asunto de este calibre debió
haberse llevado entre el Gobierno y las autonomías, dejando en
segundo plano a los partidos que los sustentan, pues de otra forma
cada cuatro años podrían cambiar las tornas. Aun así, hay que
felicitarse por el consenso.
Pese a todo, el Govern contará "cuando entre en vigor la ley,
previsiblemente en 2002" con nuevos recursos, como el 33% del IRPF,
el 35% del IVA, el 40% de los impuestos especiales y el total de
los impuestos sobre electricidad y matriculaciones de vehículos.
Una fuente de financiación que variará según sea mejor o peor la
marcha de la economía, pero que sin duda vendrá a mejorar las
perspectivas de autogobierno de nuestras Islas. Ahora habrá que
pedir sentido de la responsabilidad y de la realidad a nuestros
dirigentes políticos para que los beneficios de estos nuevos
recursos vayan a parar allá donde más se necesitan.
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