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Se ha producido un nuevo paso en el «caso Ertoil» y esta vez reviste mayor importancia. El protagonista de esta historia, Josep Piqué, ministro de Exteriores de Aznar, asegura que tiene la conciencia muy tranquila, como también la tuvieron en su día otros célebres procesados de gobiernos anteriores, que acabaron con sus huesos en la cárcel. La Junta de Fiscales del Tribunal Supremo ha decidido que el ministro debe ser citado como imputado por supuestos delitos de apropiación indebida, alzamiento de bienes y delito fiscal, todo un rosario de flores que ninguna persona decente quisiera tener el dudoso honor de llevar.

Pese a la gravedad del asunto, en el Partido Popular quieren ganar tiempo, reiteran que confían enteramente en su ministro, que ya se le investigó y que es trigo limpio. Puede ser, todo el mundo tiene derecho a la presunción de inocencia, pero entonces choca la decisión de la Fiscalía del Supremo, aunque no será definitiva, pues aún faltan otros pasos por recorrer. En este sentido, precisamente se han pronunciado algunos políticos de oposición, exigiendo al jefe del Gobierno que no obstaculice la presencia final del ministro ante los tribunales y que le aplique la misma vara de medir que imponía a los socialistas cuando estaban en el poder. De hecho, los populares recuerdan que el «caso Ertoil» se produjo en 1991, cuando gobernaban los socialistas, que dieron el visto bueno a la operación que ahora se investiga y que fue una actividad privada de Piqué, sin relación alguna con su posterior vida política. Bonito argumento, si no fuera falaz. Pues los indicios de criminalidad en un personaje público le afectan de por vida, tengan o no que ver con su gestión política, pues nadie quiere a un «delincuente fiscal» en el equipo que dirige su país. Ahora la Justicia debe pronunciar y, cuanto antes, mejor.