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«Burocracia: conjunto de funciones y trámites destinados a la ejecución de una decisión administrativa, principalmente de carácter político». Esta es una de las acepciones de la palabra burocracia que figura en el Diccionario de la Lengua Española y es, a su vez, una de las principales características y uno de los grandes lastres de la política que nos ha tocado vivir. Precisamente, por este último motivo, es por el que el término ha adoptado esa connotación tan negativa vinculada, casi siempre, a las acciones de índole político.

Aquí, en las Pitiüses y Balears, como en el resto del Estado, existen varios casos que permanecen atascados por los pasillos de la administración, en un cajón de una oficina o archivados en cualquier almacén. Son asuntos que van desde el informe que está elaborando el Govern sobre el presunto monopolio de Gestión Naviera en los trayectos entre las Pitiüses, y que ya lleva doce meses anclado en los despachos autonómicos, hasta los innumerables planes y diagnósticos que elaboran las instituciones para decirnos casi siempre cosas que ya sabemos y que ya los partidos políticos incluían en sus programas electorales. Este hecho, ya de por sí peligroso para el desarrollo de cualquier programa político, se agrava cuando desde las instituciones se fomenta la burocratización con el fin de esquivar algún tema que resulta conflictivo y conseguir que se pierda en estudios, trámites y papeleos. Y esta parece ser la postura que ha adoptado el Pacte Progressista ante temas tan trascendentes como el de las desaladoras, el transporte o las carreteras. Ahora bien, en defensa de los progresistas cabe preguntarse que si se están realizando ahora tantos estudios, planes e informes ¿será porque hasta ahora no existía ninguno?. El problema para ellos es que el tiempo pasa y los resultados, como los informes, esperan.