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La actuación del Gobierno del PP en el caso de la encuesta del CIS, sobre la estimación de votos en la cita electoral vasca del domingo, no ha podido ser más desafortunada. Si pretendía por estrategias partidistas enterrar en el olvido y el silencio la encuesta del CIS, la maniobra le ha salido mal. Izquierda Unida, que al igual que los restantes partidos disponía desde ayer de los esperados datos "demasiado tarde legalmente para hacerlos públicos", decidió arriesgarse a burlar la ley electoral dándolos a conocer a la opinión pública, amparándose en la libertad de expresión y el derecho a la información de los ciudadanos.

El hecho de que los resultados de ese sondeo contengan algunos datos ciertamente negativos para el PP refuerza la tesis de que la encuesta se ha entregado deliberadamente tarde y que no ha habido problemas técnicos.

Si grave ha sido la jugada del Gobierno, no menos importante y rechazable es que exista una ley, anclada en el pasado, que prohíbe la publicación de encuestas en la última semana de la campaña electoral, cuando en el resto del mundo la información y divulgación están permitidas hasta la víspera del día de reflexión e incluso más adelante. La ley se basa en el efecto que la publicación de los datos puede tener en el electorado, que no es mayor ni menor que el efecto que tienen los mítines, declaraciones o entrevistas de la última semana de campaña. Pero una sociedad madura como la española no puede estar sometida a este tipo de censura. Tiene el derecho a recibir toda la información y posteriormente votar en libertad. Tras este escándalo, sólo cabe la reforma urgente de la ley electoral ampliando los plazos para la publicación de sondeos.

La valentía de IU, que según el sondeo puede lograr unos escaños claves para inclinar la balanza, ha servido, primero, para dignificar la labor de los trabajadores del CIS, que sí entregaron sus datos a tiempo, y, segundo, para que los ciudadanos sepamos algo más de lo que se cuece en esta cita con las urnas tan disputada.