La polémica surgida en nuestras Islas a raíz de la continuidad o no de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) ha venido a poner de manifiesto una situación un tanto anómala en la que algunas instituciones se cuestionan la necesidad de mantener un centro académico de esas características, en el que cursan sus estudios superiores 3.400 alumnos. Finalmente, todo ha quedado solucionado con la formación de un consorcio en el que las diversas instituciones que participan en el sostenimiento económico del centro puedan también ejercer el derecho a voz y voto en las decisiones que atañen a la delegación de la UNED en Balears.

Parece un compromiso razonable siempre que las instituciones se abstengan de aplicar criterios políticos, partidistas o ideológicos en un centro en el que sólo y exclusivamente deben primar objetivos académicos. Lo que sorprende de todo este proceso es que alguien haya podido dudar en algún momento de la validez del sistema de educación a distancia, especialmente cuando se refiere a atender las peculiares necesidades de los adultos trabajadores, a quienes les resulta imposible asistir a las clases de la Universitat de les Illes Balears. Buscar otras motivaciones como la que pretende identificar a los alumnos de la UNED con posturas de rechazo al catalán está fuera de lugar. Y, en todo caso, se trataría de un grupo muy minoritario. Al final, se ha impuesto la cordura, se ha evitado tanto un innecesario conflicto lingüístico como un enfrentamiento entre la UIB y la UNED, cuando en realidad sus relaciones son del todo cordiales.

La UNED debe mantenerse aquí. Pero esto no excluye que existan otras opciones como la Universitat Oberta de Catalunya. Y que desde Balears exijamos que las enseñanzas impartidas por la UNED no respondan a visiones centralistas y poco respetuosas con las otras culturas y lenguas del Estado.